.jpg)
La documentación administrativa en España abarca desde las notificaciones de organismos públicos hasta los textos legales publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Uno de los problemas recurrentes de esta documentación es la distancia que existe entre el lenguaje empleado y la capacidad de comprensión del ciudadano medio.
El concepto de lenguaje claro (plain language en inglés, langage clair en francés) se refiere a un conjunto de principios de redacción que buscan hacer los textos más comprensibles sin reducir su precisión jurídica ni su contenido informativo.
Antecedentes en la administración española
En España, los primeros esfuerzos sistemáticos por mejorar el lenguaje administrativo se remontan a la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, creada en 2009 por el Ministerio de Justicia. Esta comisión publicó en 2011 un informe con propuestas concretas para la revisión de los documentos judiciales y administrativos más utilizados por los ciudadanos.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 13 el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las administraciones públicas en términos comprensibles. El artículo 70 añade que las resoluciones deben identificar el órgano que las dicta, la identificación del interesado, el objeto y los fundamentos de hecho y de derecho.
El BOE publica diariamente disposiciones, actos y anuncios que tienen efectos jurídicos para los ciudadanos. La comprensión de estos textos depende directamente del nivel de claridad con que están redactados.
Características del lenguaje claro en textos oficiales
Los expertos en comunicación administrativa identifican varias dimensiones en el lenguaje claro:
Estructura del texto
Un texto administrativo bien estructurado sitúa la información más relevante al principio, utiliza párrafos cortos (no más de cinco o seis líneas), recurre a listas numeradas o de puntos para enumerar requisitos, y reserva los datos accesorios para anexos o secciones secundarias.
El modelo anglosajón conocido como pyramid writing o pirámide invertida, adoptado por organismos como el Plain Language Action and Information Network (PLAIN) de Estados Unidos, recomienda ordenar la información de mayor a menor relevancia para el lector.
Vocabulario
El vocabulario técnico o jurídico no puede eliminarse por completo: términos como "ejecutividad", "nulidad de pleno derecho" o "litispendencia" tienen significados precisos que no pueden sustituirse sin pérdida de exactitud. Sin embargo, es posible reducir el uso de arcaísmos, latinismos innecesarios y construcciones pasivas que dificultan la comprensión.
La Real Academia Española y el Consejo General del Poder Judicial han publicado guías de estilo para el lenguaje jurídico que incluyen criterios específicos sobre el uso del vocabulario en documentos públicos.
Estructura gramatical
Las oraciones de más de 25 palabras aumentan significativamente la dificultad de comprensión. Los documentos administrativos tienden a construir frases largas con subordinadas encadenadas, participios absolutos y construcciones nominales que pueden simplificarse sin pérdida de precisión.
"En atención a lo dispuesto en el artículo quinto del presente reglamento, y habida cuenta de las circunstancias que concurren en el supuesto que nos ocupa, esta administración resuelve..." puede reformularse como: "En aplicación del artículo 5 del reglamento, y considerando las circunstancias del caso, esta administración resuelve..."
Iniciativas actuales en España
Varias comunidades autónomas han desarrollado sus propias guías de lenguaje claro. La Generalitat de Catalunya cuenta desde 2005 con el servicio Llengua i Administració, que ofrece criterios de redacción para documentos oficiales. El Gobierno Vasco publicó en 2016 una guía de comunicación clara orientada a los departamentos de la administración vasca.
A nivel estatal, la administración electrónica ha introducido progresivamente mejoras en los textos de los portales y servicios online. El proceso de digitalización ha impulsado la revisión de formularios y avisos para adaptarlos a formatos digitales más amigables.
Estándares internacionales de referencia
La norma ISO 24495-1:2023 establece principios internacionales para el lenguaje claro en documentos. Define ocho principios básicos: el texto debe ser relevante para los lectores, debe estar organizado para atender sus necesidades, las oraciones y párrafos deben enfocarse en una idea, el vocabulario debe ser el adecuado para el público, y el diseño debe facilitar la lectura.
A nivel europeo, la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea mantiene guías de redacción interinstitucional que se actualizan periódicamente y sirven de referencia para los traductores y redactores de los documentos oficiales europeos.
El papel del Plain Language en la accesibilidad digital
Con la entrada en vigor de la Directiva UE 2016/2102 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles de organismos públicos, los países miembros han asumido el compromiso de hacer sus contenidos digitales accesibles también en términos de comprensión lectora. Esto implica revisar no solo el código HTML, sino el propio texto de los avisos, notificaciones y procedimientos.
Última actualización: 19 de junio de 2026